En Madrid, a 25 de enero de 2021
COMUNICADO ALTODO
Con fecha 8 de enero de 2021, la Junta Directiva de esta Asociación procedió a presentar escritos ante el Ministerio de Sanidad, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, en los que se solicitaba la inclusión de los profesionales del turno de oficio en los grupos prioritarios a la hora de ser vacunados frente al COVID19, en concreto, en el Quinto Grupo, en el que se incluyen tanto a los colectivos con evidencia científica sólida de que hay riesgo alto, como aquellos con una evidencia de riesgo medio/bajo, todo ello conforme al Plan Estratégico de Vacunación Española, y a los criterios establecidos por el CISNS (Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España).
Igualmente se presentó escrito dirigido a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, instando a que adoptase las acciones y medidas necesarias para la consecución de tal objetivo.
Asimismo, la Asociación inició una campaña en redes sociales (twitter) para la pública difusión de esta iniciativa, a la que se han sumado en los últimos días los Colegios de Abogados de Lugo y Jerez, así como el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), de lo cual esta Asociación se congratula, deseando que otros Colegios igualmente se vayan sumando, al tiempo que nos preguntamos por qué el Consejo General de la Abogacía Española, como máximo órgano representativo de la abogacía española, no ha tenido a bien, hasta el momento, liderar esta iniciativa, ejerciendo de forma eficaz las acciones oportunas, o al menos sumarse mediante un mero apoyo a la iniciativa que otros nos hemos visto, una vez más, obligados a liderar.
El Turno de Oficio es un servicio público esencial, que como tal no puede dejar de prestarse, y que conlleva elevado riesgo de contagio no solo para los profesionales que lo prestan, sino también para los usuarios del servicio y para otros operadores que se relacionan con los abogados de oficio, tales como jueces, fiscales, funcionarios de Juzgados y funcionarios policiales. De hecho, no han sido pocos los abogados contagiados en el ejercicio de su función pública, algunos de ellos con graves secuelas, o incluso fallecidos.
Nuestro colectivo reúne, en consecuencia, tres de los criterios de riesgo tenidos en cuenta para establecer la priorización en la vacunación para la inmunidad contra la COVID 19, a saber: exposición a la enfermedad, impacto socioeconómico del grupo en cuestión y transmisión.
Nuestra Asociación considera igualmente que la Abogacía de oficio, y en concreto la adscrita a los servicios de guardia de asistencia al detenido y a las víctimas de violencia de género, ha sido la gran olvidada, tanto a nivel de reconocimiento social, como a la hora de disponer de medios de protección personal para prestar este servicio público esencial a los ciudadanos, en garantía de sus derechos fundamentales. Sin pretender equipararnos al colectivo sanitario, o a otros colectivos que han estado en primera línea de lucha contra la pandemia, también la abogacía de oficio ha estado en esa primera línea, y en silencio ha seguido prestando este servicio las 24 horas del día todos los días del año, exponiendo su integridad física y la de sus familiares pese a existir regulación legal en cuanto a utilización preferente de medios telemáticos, de la que a menudo las autoridades competentes han hecho caso omiso, coadyuvando a poner en riesgo la salud de este colectivo, y en general la salud pública.
Por responsabilidad social, y por analogía con otros servicios públicos esenciales, los profesionales de la abogacía que prestan el servicio público de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, deben ser considerados grupo prioritario en el programa de vacunación COVID.
LA JUNTA DIRECTIVA
