Madrid, 20 de octubre de 2017
PROGRAMA ELECTORAL ALTODO SOBRE TURNO DE OFICIO
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I.- PREÁMBULO
Nos anima a presentarnos dentro de la canditatura de Don José María Alonso Puig a las elecciones 2017 a Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con claras posibilidades de victoria electoral, un hecho incuestionable: no es una casualidad que durante el mandato de la actual Junta de Gobierno que ahora finaliza, la presencia de ALTODO en el órgano de gobierno colegial haya coincidido con la llegada de indudables avances en el Turno de Oficio, como es el caso de las mejoras que se han ido introduciendo en nuestras normas reguladoras internas (un abogado por cada investigado, todo letrado en dos materias si lo desea, y no en una sola como antes, desglose de las guardias de extranjería en tres subguardias: asilo o protección internacional, rechazo en frontera y expulsiones, pago de los recursos de apelación en fase de ejecución de sentencia, eliminación de las cesiones de guardias y a cambio, posibilidad ilimitada de permutarlas sucesivamente, creación de las guardias de suplencia …); la restauración de los Servicios de Orientación Jurídica suprimidos en 2012 por la anterior Junta de Gobierno; el notable acortamiento de los plazos de pago por parte del Ministerio y CCAA, que en tiempos de la anterior Junta de Gobierno llegó a ser de año y medio, habiéndose reducido en la presente legislatura hasta los 6/7 meses de promedio, cifra ciertamente aún muy inaceptable; el primer acuerdo sobre baremos, que ha supuesto ya la recuperación del 17 % tijereteado en 2012, estando pendiente el 3% restante, la subida de cinco baremos concretos por encima de ese porcentaje y el pago automático de los asuntos penales en caso de Auto de archivo o sobreseimiento, que con anterioridad no se producía salvo acreditación documental de varias actuaciones realizadas; asimismo, se han mejorado las salas de togas y oficinas de enlace en las sedes judiciales, se ha implantado el expediente electrónico, aumentando extraordinariamente la velocidad de tramitación de las solicitudes de justicia gratuita, se ha mejorado la justificación telemática de los asuntos, se ha reducido a la mitad el coste de los cursos de acceso a los diferentes turnos y materias, estableciéndose la gratuidad de las jornadas formativas que el Colegio ha determinado como necesarias en el ámbito de los letrados adscritos al Turno de Oficio; se ha avanzado en el camino hacia la excelencia en el servicio, estableciéndose nuevos turnos y subturnos que pretenden ir hacia una especialización creciente de los letrados que forman parte de los mismos, como es el caso del Turno Hipotecario, el recientemente creado Turno de Protección Internacional, el Turno Mercantil, el Turno de Trata o el Turno de Víctimas de Delitos, todo ello con la finalidad de extirpar de la sociedad esa creencia de que el letrado de oficio no está suficientemente preparado, o que es un letrado “de segunda categoría”, lo cual, por otra parte, facilitará nuestras reivindicaciones de mejoras retributivas, bajo el argumento de que “pedimos y exigimos, porque prestamos un servicio de calidad en el que damos lo mejor de nosotros mismos”.
Nuestro objetivo es seguir desarrollando los principios e ideales que caracterizan a nuestra Asociación desde su constitución en 2005, y para ello, seguimos considerando imprescindible formar parte del órgano de gobierno colegial. Hemos encontrado en la canditatura que encabeza Don Jose María Alonso Puig un espacio donde seguir haciéndolo. Se trata de una canditatura plural que pretende integrar a todos los sectores de la abogacía, puesto que plural es nuestro Colegio, pero dentro de la misma, el Turno de Oficio, junto con los medianos y pequeños despachos, y la abogacía joven, tendremos, en conjunto, una representación muy importante y una confluencia de ideas y proyectos, compartidos, respetados y amparados, además, por el resto de la canditatura.
Nuestros candidatos altodianos velarán no solamente por proteger los intereses de los abogados adscritos al Turno de Oficio, tratando de mejorar las condiciones en las que prestan el servicio, y el servicio mismo; haremos también todo cuanto esté en nuestra mano para garantizar a nuestros letrados una solución adecuada que les ampare en el otoño de sus vidas, intentando solucionar de la manera más factible y pragmática el grave problema que actualmente tenemos con el servicio médico de los asegurados en MUSA, colaborando con la Comisión creada al efecto, en la que está integrada una de nuestras candidatas. Y haremos todo cuanto esté en nuestra mano para facilitar el acceso a la abogacía y los primeros pasos de los más noveles, colaborando a tal efecto de forma muy estrecha con los candidatos que representan a dicho sector.
Hemos avanzado durante ésta legislatura, pero aún queda mucho por hacer y mejorar, y para eso estamos aquí, para eso queremos seguir estando. Pretendemos hacer nuevamente historia, como ya hicimos en 2012, cuando obtuvimos, en coalición con la canditatura de Doña Sonia Gumpert Melgosa una aplastante victoria electoral, introduciendo por primera vez tres Diputados que representaban a los abogados de Turno de Oficio; en ésta ocasión, mantenemos nuestra representación de tres diputados, encarnados en las personas de nuestros tres magníficos candidatos: Begoña Castro Jover, actual Diputada 4ª en funciones, que se ha dejado la piel por todos nosotros durante éstos cinco años, durante los cuales ha adquirido una notable experiencia y un profundo conocimiento del Colegio, su estructura y funcionamiento interno, y que concurre ahora como candidata a Vicedecana; Lola Fernández Campillo, quien aúna su vocación y experiencia desde hace treinta y siete años en el Turno de Oficio con su interés en solucionar el asunto MUSA, de ahí su presencia en la Comisión creada al efecto; y Eugenio Ribón Seisdedos, Vicepresidente que fue de ALTODO durante la anterior campaña electoral y uno de los principales protagonistas de aquella victoria, Presidente Fundador de la Sección de Consumo del Colegio hasta su “dimisión”, y que a su vocación por el Turno de Oficio une su profundo conocimiento en materia de derechos de los consumidores y usuarios. Eugenio, además, representa a la plataforma “Somos Abogados”, integrada por un nutrido grupo de colegiados preocupados e interesados por la democratización y mejora del funcionamiento interno colegial.
Queridos amigos, queridos compañeros: si nuevamente nos otorgáis vuestra confianza, haremos todo lo que esté en nuestra mano para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos que conforman nuestro PROGRAMA ELECTORAL
1.- Mejora de los baremos retributivos de CCAA y Ministerio y sus plazos de pago.
Durante la pasada legislatura se firmó el denominado “Primer Acuerdo de baremos”, gracias al cual hemos recuperado ya el 17% que nos fue tijereteado en diciembre de 2012, y próximamente recuperaremos el 3% restante, y se logró un incremento significativo de cinco baremos concretos. A cambio de esas concesiones, hubo que ceder en lo relativo a las conformidades alcanzadas en el mismo día de guardia, cuya retribución o indemnización descendió hasta los 200 €. Fue la primera vez desde 2003 que los baremos no solamente no bajaron, sino que subieron, y dado el contexto de grave crisis económica podemos decir que fue una buena negociación y que se obtuvo un buen resultado; sin embargo, no podemos conformarnos con ello, y actualmente se dan las condiciones para exigir nuevas y más rotundas mejoras retributivas.
Afirma la exposición de motivos de la vigente LAJG, como uno de los principios que la inspiran, la necesidad de que el servicio de turno de oficio esté dignamente retribuido, y de que los pagos se hagan efectivos en plazos razonables, como garantía, precisamente, de la calidad del servicio y del derecho a la tutela efectiva en condiciones de igualdad con quienes carecen de medios. En cumplimiento de dichos principios inspiradores, el Colegio negociará firmemente con las administraciones competentes hasta conseguir que nuestros baremos retributivos puedan considerarse dignos y razonables, se certifiquen las actuaciones con periodicidad mensual, se abonen en plazo máximo de un mes desde que se presente dicha certificación, y se fije en la propia normativa reguladora un sistema de actualización periódica, conforme a I.P.C., de dichos baremos retributivos, ejercitándose cuantas acciones procedan para la consecución de dichos objetivos.
Entre otros aspectos, exigiremos a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Justicia: 1) Que el juicio rápido con conformidad no se abone igual que un procedimiento que finaliza con archivo, y en el que el letrado solo ha asistido a la declaración del investigado. El juicio rápido, conlleva más responsabilidad y hasta más actuaciones, véase en el caso de temas de violencia de género, en los que se asiste a varias declaraciones en el mismo día, más la actuación en comisaria la noche anterior, a veces en horas de madrugada. Asimismo, los juicios rápidos, aun cuando finalicen mediante conformidad, conllevan la correspondiente ejecutoria, lo que no sucede en el caso de los Autos de sobreseimiento o archivo. 2) Que la ejecución tanto de los procesos civiles como de los penales, se retribuya conforme a nueva partida del baremo que se negocie. Hasta ahora, la ejecución va con cargo al procedimiento principal, pero no se retribuye, y sí supone más trabajo y más responsabilidad, y siempre que haya partida presupuestaria, entendemos que no hay óbice para que se pueda acordar esta medida. “Ad exemplum”, en una ejecutoria penal no es infrecuente pedir la suspensión de la pena privativa de libertad en sus distintas modalidades, hay que estar pendiente de las liquidaciones de condena y recurrirlas en su caso, y un largo etcétera. Es absolutamente injusto que las ejecuciones y ejecutorias no se retribuyan o “indemnicen” en su justa medida y de forma separada al procedimiento principal. 3) Creación de un baremo específico para macrocausas en las diferentes instancias jurisdiccionales.
2.- Cumplimiento estricto del baremo y de sus plazos de pago en los procedimientos penales.
En la actualidad, cuando los letrados justificamos el inicio de una actuación penal, no se nos abona el 70%, conforme establece la LAJG y el Decreto de la CCAA, sino que se nos abonan 200 € en todo caso, haya habido o no conformidad, y con independencia de que la documentación presentada permita justificar ya el 70%, o con independencia de que se justifique después; lo que se viene haciendo en la práctica por parte del ICAM es que se regulariza al final, cuando se justifica la segunda parte, resultando que ni la LAJG ni el Decreto de la CCAA prevén esta posibilidad. Dicha suma de 200 € solo sería correcta en caso de sobreseimiento tras la declaración judicial del investigado sin que el letrado haya realizado actuación alguna distinta a la asistencia a dicha declaración, o en caso de conformidad alcanzada en el mismo día de la guardia, no ajustándose a la normativa vigente dicho recorte en los demás casos, y no estando justificado que se retengan cantidades para su pago al finalizar el procedimiento. Lo solucionaremos creando en la web una tercera pestaña que permita reclamar y adicionar complementos retributivos previa justificación documental de su devengo.
3.- Centro de Negocios para abogados y Asociaciones de abogados.
La crisis económica, y en general la crisis de la profesión, ha motivado que muchos abogados hayan tenido que instalar sus despachos en sus propias viviendas, con el consiguiente riesgo y molestias que ello puede ocasionar en ciertos casos. Crearemos un espacio representativo en el que todo abogado que lo desee pueda tener allí domiciliado su despacho, con precios fuera de mercado que se limiten a cubrir costes, sin ánimo de lucro o pretensión de ganancia para el Colegio. Esos precios serán aún más reducidos para los abogados de oficio en atención al servicio público que prestan.
Los despachos gratuitos abiertos en Serrano 9, en Móstoles, y en alguna otra dependencia más del Colegio, han supuesto un tímido y ligero avance, que sí ha servido para constatar la fuerte demanda que éste servicio tiene entre los colegiados “de a pie”. Nuestra idea es mucho más ambiciosa: los letrados no solo podrán domiciliar allí su despacho y recibir a sus clientes en despachos o salas de juntas habilitadas al efecto, sino que dispondrán también de todos los servicios propios de un gran despacho: secretariado y personal administrativo, servicio de atención telefónica, servicio de recepción de clientes y correspondencia, servicio de apoyo al letrado en el estudio de los asuntos mediante letrados colaboradores en prácticas, bases de datos de jurisprudencia y legislación, servicio de guardería, servicio de cafetería y restauración, servicio de reclamación de minutas…. A diferencia de similares centros ya existentes en el mercado, el letrado se sentirá como en su propio despacho, pero al mismo tiempo, el cliente tendrá la sensación de que está en un despacho colectivo, representativo y de alta calidad.
Para lograr un coste bajo y competitivo, asumible por los letrados cualquiera sea su capacidad económica, el personal del Centro se nutrirá en sus distintas áreas de becarios y estudiantes en prácticas, sin perjuicio de la justa retribución que les corresponda: letrados becarios de iniciación profesional, estudiantes de Derecho, Secretariado, auxiliar administrativo, turismo y hostelería, que necesiten realizar sus prácticas formativas o de acceso a sus respectivas profesiones, encontrarán aquí un lugar donde hacerlo, previo convenio firmado al efecto con la Universidad o Centro de Estudios correspondiente.
El inmueble en el que se ubicará dicho Centro de Negocios se adquirirá con el producto de la venta del piso del Paseo de la Castellana 153 (“legado Pedrol”), de manera que el espíritu y finalidad de ese legado permanezca entre nosotros, pues fue voluntad del querido, respetado y desaparecido Decano legar ese inmueble a la Institución para uso y disfrute de todos los colegiados. El Colegio no debe despatrimonializarse, sino más bien utilizar su patrimonio inmobiliario en beneficio de todos.
En dicho Centro de Negocios podrán tener igualmente su sede y su lugar de reunión las Asociaciones de Abogados.
4.- Control y supervisión de los expedientes deontológicos que afecten a abogados de oficio.-
Un Diputado de ALTODO se encargará de supervisar dichos expedientes, actuando de enlace entre la Junta de Gobierno y el Departamento de Deontología del Colegio, y cursando las instrucciones oportunas para que prime el principio de presunción de inocencia del abogado expedientado, frente al principio de presunción de culpabilidad.
El gran volumen de expedientes deontológicos que en cada Junta de Gobierno tienen que resolver los Diputados electos, y las peculiaridades de los expedientes que afectan a los abogados en el ejercicio de sus funciones como abogados de Turno de oficio, hace necesario repartir la tarea, de tal forma que los expedientes sean real y verdaderamente estudiados y analizados por el Diputado encargado del área, quien hará la ponencia o propuesta a la Junta de Gobierno sobre la decisión que en cada caso haya de adoptarse.
5.- Control, supervisión y organización de los cursos formativos, de actualización o acceso a los diferentes turnos de oficio.
Un Diputado de ALTODO actuará como enlace entre la Junta de Gobierno y el Centro de Estudios a los efectos anteriores, procurando que en el plantel de profesores no falten nunca letrados adscritos al Turno de Oficio. Seguirán teniendo carácter gratuito las jornadas de formación de turno de oficio, los cursos de actualización o reciclaje cuya realización se considere necesaria en función de las novedades normativas o jurisprudenciales, y los cursos necesarios para acceder a los Turnos de nueva creación procedentes del desglose de turnos ya existentes. Los restantes cursos (iniciación a la práctica forense en las diferentes materias, etc…), necesarios para acceder a los diferentes turnos y materias, tendrán el precio mínimo imprescindible para cubrir costes, sin ánimo de lucro ni beneficio alguno para el Colegio.
Se habilitarán, asimismo, horarios de tarde y en fin de semana para los referidos cursos formativos.
6.- Control, supervisión y organización del Departamento de Turno de Oficio del ICAM, incluidos los SOJ.
Un Diputado de ALTODO actuará como enlace entre la Junta de Gobierno y el Departamento de Turno de Oficio del Colegio, cursando las instrucciones oportunas a los empleados, procurándose que el departamento esté dotado de personal cualificado y en número suficiente para que los distintos servicios funcionen adecuadamente: el teléfono de cita previa para los ciudadanos que desean ser atendidos en los diferentes SOJ, el call center o centralita de recepción de llamadas durante las guardias, y en general todos y cada uno de los subdepartamentos o áreas.
En el contexto de esa supervisión, se velará porque los SOJ se ajusten a los estrictos términos y límites que marcan la LAJG, La Ley de Competencia Desleal y la Ley de Defensa de la Competencia, y se velará por el mantenimiento de la exclusividad del servicio en favor del Colegio, tal y como establece la normativa vigente. A tal efecto, en los convenios que se puedan suscribir con Ayuntamientos u otras Administraciones Públicas, debe quedar bien claro que el servicio lo presta el Colegio, limitándose dichas administraciones, si procediera, a proporcionar locales y financiación, y se velará porque dichas administraciones no impongan como contrapartida condiciones o requisitos no permitidos por la vigente LAJG, que puedan vulnerar la normativa sobre libre competencia y competencia desleal.
Se procurará que las instalaciones en las que se ubican los distintos Servicios de Orientación Jurídica reúnan las debidas condiciones de habitabilidad, creando salas de espera adecuadas y sistemas modernos y eficaces para la dispensación de citas a los usuarios, todo ello en aras de transmitir una imagen de eficiencia y profesionalidad al ciudadano/usuario.
7.- Exclusividad de la prestación del servicio de justicia gratuita con fondos públicos a favor del Colegio, incluido el asesoramiento previo al proceso.
Conforme a lo dispuesto en la vigente LAJG, solo los Colegios de Abogados pueden prestar servicios jurídicos gratuitos merced a la inyección de fondos públicos, y solo a favor de quienes resulten beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita. Nada impide a las Asociaciones privadas prestar servicios jurídicos gratuitos con cargo a sus propios fondos, provenientes de donaciones o cuotas de socios, pero en modo alguno pueden prestar servicios jurídicos gratuitos con cargo a subvenciones públicas, por así prohibirlo la LAJG, la Ley sobre Competencia Desleal y la Ley sobre Defensa de la Competencia. En consonancia con lo anterior, el Colegio de Abogados de Madrid velará porque se cumpla el anterior principio, ejercitando cuantas acciones legales y de otra índole procedan para evitar que Asociaciones privadas y administraciones municipales, autonómicas o estatales lo vulneren.
Del mismo modo, y en base a esa misma normativa, el Colegio de Abogados de Madrid velará por el mantenimiento del actual sistema de justicia gratuita, haciendo frente de forma enérgica ante cualquier tentación de privatizar la gestión del Turno de Oficio a favor de entidades privadas con o sin ánimo de lucro.
8.- Colaboración leal y respetuosa de Comisarías y Comandancias de Guardia Civil con el letrado en el ejercicio de sus funciones como abogado de Turno de Oficio.
Se harán las gestiones necesarias para exigir que dichos centros de detención no exijan a los letrados facilitar otro documento identificativo que no sea su carnet colegial, así como para que faciliten el acceso al atestado según establezca la normativa vigente en cada momento, para que faciliten el aparcamiento del vehículo privado que el letrado utilice en el ejercicio de sus funciones, y para que se habilite una estancia que permita la entrevista reservada con el detenido, previa y posterior a su declaración.
9.- Colaboración leal y respetuosa de órganos judiciales con el letrado en el ejercicio de sus funciones como abogado de Turno de Oficio.
Se harán las gestiones necesarias para que los letrados que se encuentren en servicio como letrados de Turno de Oficio, especialmente durante la realización de las guardias, puedan utilizar los aparcamientos de los Juzgados. Se procurará la firma de un convenio con el Ministerio de Justicia o Consejería de Justicia de la correspondiente Comunidad Autónoma para que en la firma electrónica de los escritos jurídicos figure únicamente el carnet de colegiado, no así el DNI.
Se procurará la firma de un convenio con los jueces decanos para que éstos exijan a los diferentes órganos judiciales una elaboración realista de sus agendas de señalamientos, a fin de erradicar esperas innecesarias en los pasillos de los Juzgados.
Se promoverá una reforma del Art. 40 del EGAE para restaurar su anterior tenor literal, en el sentido de concretar el concepto jurídico indeterminado de “tiempo prudencial de espera”, que consideramos podría fijarse en 60 minutos, frente a los antiguos 30 minutos, transcurridos los cuales el letrado podrá abandonar la sede judicial y solicitar la suspensión del señalamiento.
10.- Perfeccionamiento de la página web del Colegio en cuanto a las justificaciones de turno de oficio, en particular:
– Posibilidad de introducir simultáneamente y en la misma operación varios archivos sucesivos al justificar inicio o fin de actuaciones.
– Adición de una tercera pestaña, titulada “complementos”, para el pago de cantidades adicionales a los 200 € hasta completar el 70 % inicial, o para pago de asistencias a centros penitenciarios, complementos para asuntos de especial complejidad, etc…
– Se garantizará que el servicio de solicitud de designas y de justificación telemática de asuntos funcione los 365 días del año, las 24 horas de cada día, dotándolo de
personal suficiente, incluidos los días posteriores al fin de cada trimestre, en los que actualmente no es posible presentar justificación alguna.
– Se facilitará que el programa permita ver si se ha justificado o no la vía previa administrativa.
11.- Servicio de Atención al Colegiado adscrito al Turno de Oficio.
Se desglosará el actual SAC (Servicio de Atención al Colegiado), en dos: un SAC para letrados particulares, y un SAC para letrados de oficio (SACOF), que quedará bajo la supervisión de uno de los Diputados altodianos, quien actuará como enlace entre dicho servicio y la Junta de Gobierno.
12.- Defensor del Abogado de Turno de Oficio.- Se desglosará el actual Defensor del Abogado en dos secciones, una de ellas, centrada exclusivamente en las quejas formuladas por abogados de Turno de Oficio contra organismos judiciales, policiales o de otra índole, así como contra sus propios defendidos designados de Turno de oficio, o en las quejas formuladas por entidades o justiciables contra los abogados de Turno de oficio, intermediando en éstas a fin de encauzarlas y resolverlas amistosamente, y filtrando y archivando sin más trámite aquellas que sean manifiestamente infundadas o carentes de contenido, sin necesidad de dar traslado al letrado para que formule alegaciones.
3.- Apoyo institucional permanente al abogado de Turno de Oficio.- Dado el carácter de servicio público, el abogado de Turno de Oficio deber recibir un apoyo permanente en el ejercicio de sus funciones, y a tal efecto, y sin perjuicio de lo que corresponda a otras administraciones, en lo que dependa de la Corporación colegial, ésta debe estar volcada al servicio del colegiado, facilitándole su dura labor diaria en la medida de lo posible. A tal efecto, y sin ánimo de exhaustividad ni carácter de “numerus clausus”: – En las designaciones de Turno de Oficio se haga constar si hubo un letrado anterior que presentó Informe de Insostenibilidad, debiendo facilitarse al letrado una copia de dicho Informe así como copia del Informe de sostenibilidad declarando sostenible la pretensión.
– Se facilitará el acceso a bases de datos de jurisprudencia y legislación, en su versión “top”, a precios rebajados y asequibles.
– Se promoverán acuerdos con empresas de tecnología para adquisición de equipos informáticos en buenas condiciones económicas, y con precios rebajados y asequibles para abogados de oficio.
– Se negociará con el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, a fin de lograr que se introduzca como excepción en el Protocolo de Medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación, la siguiente excepción o similar: “Se permita la circulación de los letrados en servicio de guardia, en sus vehículos particulares, cualquier día del año, a cualquier hora, independientemente de si circulan en vehículo con matrícula par o impar”.
– Se harán campañas periódicas de concienciación ciudadana y favorecedoras del prestigio del abogado de Turno de Oficio, potenciándose en la medida necesaria el Gabinete de Prensa del Colegio y el Departamento de Relaciones Institucionales.
14.- Turno de Protección Internacional.- Respeto a los derechos adquiridos.
Se garantizará que los letrados que hayan realizado el curso de práctica forense en materia de extranjería durante los dos últimos años, queden eximidos de realizar la jornada formativa en materia de Asilo y Protección Internacional, necesaria para acceder a dicho subturno de nueva y reciente creación, e igualmente se garantizará que todo letrado que justifique haber solicitado la realización de dicha jornada formativa será incluido en el turnado de guardias de 2018, aun cuando no hubiere obtenido plaza.
15.- Restauración de los acuerdos de extranjería en la CAJG.-
Existía en su momento en dicho organismo un criterio según el cual, en los expedientes de expulsión o de rechazo en frontera, no era necesario acreditar documentalmente la insolvencia a efectos del reconocimiento de la justicia gratuita y el nombramiento de letrado de Turno de Oficio, habida cuenta de que si el Estado no autorizaba al extranjero expedientado a residir y a trabajar en España, obvia era su insolvencia, y si el Estado denegaba su entrada en España por considerar no creíble la declarada finalidad turística en base a la documentación económica aportada, obvia era también su insolvencia. Dichos acuerdos fueron derogados durante la legislatura presidida por Don Antonio Hernández Gil, y hasta la fecha no han sido restaurados. Propugnaremos su inmediata restauración, utilizando para ello el voto del representante del Colegio en dicho organismo, y cuantas acciones fueren oportunas al efecto.
16.- Transparencia en las asignaciones de guardias y asuntos turnados.
La creación de las Guardias de Suplencia en las nuevas normas aprobadas en 2013 supuso un avance hacia la transparencia, pretendiendo eliminar viejos recelos acerca de las asignaciones de guardias extraordinarias. Sin embargo, en la práctica, éstas han seguido funcionando, por lo que los objetivos que se pretendían se han alcanzado solo en parte. Propugnamos un incremento significativo de los letrados adscritos a dichas guardias, de manera que las necesidades del servicio queden cubiertas en la medida de lo posible por los letrados suplentes de guardia, y solo de forma muy excepcional se recurra a las guardias extraordinarias.
En todo caso, en la página web se habilitará una pestaña informativa en la que se detallará en tiempo real el número de guardias realizadas por cada letrado, y una segunda pestaña en la que se detallará en tiempo real el número de asuntos designados a cada letrado; ambas pestañas serán accesibles a cualquier letrado que estando dado de alta en el Turno de Oficio, disponga de firma electrónica y clave de acceso al área reservada de la web.
17.- En busca de la excelencia: El Turno de Oficio, solo para quien lo trabaja y solo para quien lo merece.-
Con nuestra llegada a la Junta de Gobierno en 2012, se modificaron las Normas del Turno de Oficio en el sentido de suprimir las cesiones de guardias, y a cambio se amplió la posibilidad de permutarlas de forma ilimitada. Ello acabó con las tradicionales y arraigadas bolsas de fraude, por todos conocidas (compañeros que ocupaban plaza en el turno sin ejercerlo porque cedían sus guardias a cambio de un precio, o las regalaban a sus pasantes o amigos).
En la misma línea, ALTODO ha propugnado y propugna que en el Turno de Oficio no pueden estar adscritos los funcionarios y asimilados, por no permitirlo la normativa vigente salvo habilitación específica. Queda pendiente habilitar una herramienta adecuada para que esa prohibición, expresamente contenida en las actuales Normas
reguladoras del Turno de Oficio, sea efectiva, y así se hará, mediante la correspondiente modificación, en la línea propuesta por nuestra Asociación en proposición presentada en Asamblea ICAM celebrada en 2017.
Consideramos que el turno de oficio debe seguir prestigiándose al objeto de que los ciudadanos lo perciban cada vez más como un servicio de calidad; ello favorecerá nuestras tradicionales reivindicaciones de mejoras retributivas (“exigimos, porque damos calidad y servicio”); por ello, seguiremos fomentando la especialización y la formación de los letrados, de tal manera que en el turno de oficio solo estén los letrados vocacionales y convencidos de que quieren seguir estando.
18.- No al Turno de Oficio Obligatorio.
El Turno de Oficio no puede ser obligatorio para los abogados, como recientemente ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados, sin oposición alguna de la Abogacía Institucional. Propugnaremos que la LAJG sea nuevamente reformada, en el sentido de suprimir esa obligatoriedad que nos retrotrae a épocas preconstitucionales y que llevado a sus estrictos términos puede suponer una merma en la calidad del servicio que se presta, así como una merma en nuestros mecanismos y herramientas de presión en defensa de nuestras legítimas reivindicaciones.
19.- Apoyo al abogado de Turno de Oficio en las designas por “macrocausas”.-
Tradicionalmente, los abogados de Turno de Oficio hemos tenido que “buscarnos la vida”, enviando sustitutos que nosotros mismos nos procurábamos a los señalamientos que nos resultaban incompatibles con otros, o por causa de enfermedad o de índole personal o familiar, sin el menor amparo por parte del Colegio. Abogados de Turno de Oficio escasísimamente “indemnizados” han tenido que soportar la brutal carga de trabajo que puede suponer una macrocausa compuesta de miles de folios y decenas de señalamientos.
Previa definición del concepto de “macrocausa” a los efectos que nos ocupan, se modificarán las Normas reguladoras del Turno de Oficio a fin de introducir en las mismas la figura del “abogado de apoyo o suplente”, quien bajo la dirección del letrado titular, y a demanda de éste, coadyuvará en la defensa o sustituirá al letrado titular cuando éste lo precise. Dicho letrado recibirá la correspondiente designa como letrado coadyuvante o de apoyo, y compartirá con el letrado titular la indemnización o retribución que corresponda.
20.- Derecho a la desconexión.- LEXNET.
Todo letrado que se encuentre en período vacacional o de baja por enfermedad, maternidad o similar, debe tener derecho a una desconexión efectiva y verdadera, algo que actualmente resulta imposible con el sistema LEXNET. Se negociará con las administraciones implicadas para lograr, en la medida de las posibilidades y competencias de la Junta de Gobierno ICAM, que ese “derecho de desconexión” se convierta en realidad. 21.- Venias y servicio de reclamación de minutas.- En el Art. 28 de las nuevas Normas Reguladoras del Turno de Oficio aprobadas en 2013, se introdujo como novedad la interpretación favorable a la posibilidad de que el letrado de Turno de Oficio saliente pudiera reclamar honorarios al justiciable en caso de venia solicitada por letrado particular entrante, incluso aun cuando éste hubiera presentado renuncia de honorarios, añadiéndose en posterior reforma un requisito inicialmente no contemplado: “siempre que el particular no tuviere reconocida la justicia gratuita”. Asimismo, se introdujo como novedad la posibilidad de que el letrado de oficio solicitara del Departamento de Turno de Oficio que informara al justiciable de la obligación del pago de honorarios, en caso de denegación, archivo o revocación de su solicitud de justicia gratuita. Consideramos dicha regulación absolutamente insuficiente, y promoveremos su refuerzo a fin de que el Colegio instaure un verdadero sistema de reclamación de minutas impagadas, similar al que ya existe en otras corporaciones profesionales, que deberá ser totalmente gratuito al menos en fase prejudicial. Asimismo, las Normas Reguladoras del Turno de Oficio deben recoger la exigencia de que el letrado particular entrante acompañe junto a su solicitud de venia un escrito firmado por el cliente en el que éste afirme quedar enterado de que debe abonar los honorarios del letrado de Turno de Oficio saliente, sin perjuicio del servicio de reclamación de minutas por parte del Colegio a instancia de dicho letrado.
22.- Creación de nuevos Turnos, subturnos o Guardias. Proponemos la creación de un Turno de ALD MENORES, que funcione como ALD MAYORES, es decir, que si desplazado el letrado al lugar de la asistencia, el menor ya tiene asignado letrado con anterioridad, o si se trata de asistencia para actuaciones que no van a generar designa, se le abonen al letrado los gastos de desplazamiento. Ambas guardias de ALD deberán estar zonificadas, como también las guardias de del TURNO DE MENORES. 23.- Revisión de las Normas Reguladoras del Turno de Oficio. En 2013, recién tomó posesión la actual Junta de Gobierno en funciones, se inició un proceso de revisión de las Normas de Turno de Oficio, abriéndose un período de información pública a fin de que todas las Asociaciones y letrados adscritos al Turno pudieran hacer sus alegaciones, propuestas y sugerencias. Fue ponente del texto sometido a la consideración de los letrados nuestro ex Diputado Santiago Luengo. Cinco años después, entendemos necesario un nuevo proceso participativo, a fin de que los letrados tengan oportunidad, nuevamente, de formular sus propuestas. Si resultamos elegidos, promoveremos dicho proceso de revisión, y en ese contexto, solicitaremos a la Junta de Gobierno electa la toma en consideración del estudio realizado por nuestra Asociación y presentado a la actual Junta de Gobierno en funciones el 19/9/2016. 24.- Estatuto de los Abogados de Turno de Oficio.- Se harán las gestiones correspondientes con el CGAE para dar impulso al texto presentado a dicho organismo por la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio (CEAT), a fin de que el mismo sea aprobado a la mayor brevedad posible y remitido seguidamente al Ministerio de Justicia para su presentación como proyecto de Ley en las Cortes Generales.
25- “Cordón umbilical” permanente entre los Diputados/representantes de ALTODO en la Junta de Gobierno y la Junta Directiva de la Asociación.
Los diputados propuestos por ALTODO que resulten electos se obligan a mantener estrecha relación con la Junta Directiva electa de la Asociación en relación con las decisiones de relevancia que hayan de adoptar con ocasión de sus funciones, que deberá someter a la previa consulta y consideración de la Junta Directiva con suficiente antelación, procurando el consenso o acatando en su caso la directriz que la Junta Directiva acuerde.
En caso de que dicha directriz no fuera respetada, o de que no se alcanzara el consenso o no fuera consultada la Junta Directiva, se reserva ésta el derecho de expresar públicamente su discrepancia, e incluso de ejercitar la acción que corresponda aunque fuere contraria al criterio de sus Diputados electos.
26.- “Numerus apertus”.
Los candidatos por ALTODO, en caso de resultar elegidos, propugnarán cualesquiera otras medidas no contempladas expresamente en éste programa, que se consideren adecuadas para la mejora del Turno de Oficio, comprometiéndose a mantener a tal efecto contacto permanente tanto con la Junta Directiva de la Asociación como con cualesquiera otros letrados adscritos al Turno de Oficio, habilitándose un buzón de sugerencias permanente, y un buzón específico cuando se pretenda alguna novedad o modificación sustancial de la normativa reguladora del Turno de Oficio, debiendo ser consultados al respecto con la suficiente antelación.
