La Abogacía Española reclama una nueva Ley de Justicia Gratuita que escuche su voz y mejore el servicio, un servicio que, insisten, es público y que “no es una actividad de mercado”, sino uno de los Derechos Fundamentales de la ciudadanía recogidos en la Constitución.
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V Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita celebradas en Segovia el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del del Consejo General de la Abogacía Española, Antonio Morán, crítico con la forma en que las administraciones reconocen el trabajo de los letrados del turno de oficio y del esfuerzo de los Colegios de toda España.
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Reiterar que el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita es un servicio público que presta la Abogacía y que afecta a derechos fundamentales. Consecuentemente, exigimos que la Administración dignifique la labor que desarrollan los abogados, ya que los ciudadanos valoran muy positivamente su tarea.
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Exigir a las Administraciones Públicas una efectiva colaboración y confianza hacia los Colegios de abogados, con trato de igualdad y lealtad, y ello derivado de la naturaleza de éstos como Administraciones Institucionales de base corporativa.
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Reformar el marco legal de la Justicia Gratuita, escuchando la voz y experiencia de la Abogacía en esta materia, afrontando una mejora real del servicio, tanto para los ciudadanos como para los abogados y Colegios:
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Facilitando los trámites formales a los ciudadanos. Racionalizar y uniformar las exigencias económicas para la concesión de este derecho.
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Simplificando los trámites a los profesionales y a los Colegios de Abogados, responsables de la organización y administración de los servicios de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita.
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Garantizando el cobro de todas las actuaciones del abogado por los asuntos encomendados por Turno de Oficio.
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Garantizando a los ciudadanos que tengan un abogado cercano a su domicilio, le atienda personalmente y de manera adecuada.
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Garantizando que los costes de infraestructura y gestión soportados por los Colegios de Abogados en estas tareas se ajusten al real y efectivo gasto.
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Concretando los requisitos de acceso y prestación del servicio, evitando la actual inseguridad jurídica.
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Garantizando la especialización y la formación continuada de los abogados, con la oportuna financiación de las administraciones.
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Y en definitiva que se establezca un marco jurídico del abogado del turno de oficio que reconozca su función social.
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