COMUNICADO ALTODO
El 8 de enero de 2009, gobernando la Comunidad de Madrid el Partido Popular, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales sacó a concurso público el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) de Mayores, hecho que nuestra Asociación denunció, exigiendo al Colegio de Abogados de Madrid la inmediata interposición del correspondiente recurso, lo que motivó que la Comunidad de Madrid diera marcha atrás y anulara el concurso, que ya había sido adjudicado a una empresa privada.
El 24 de mayo de 2019, dos días antes de las elecciones municipales, el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, presidido por Doña Manuela Carmena, ha sacado a concurso público el conocido como “SOJ MUNICIPAL”, que hasta el momento venía prestando el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en colaboración con dicho Ayuntamiento, con la finalidad declarada de 1) facilitar asesoramiento jurídico generalista a personas usuarias de los Centros de Servicios Sociales y a personas socias de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Madrid y 2) facilitarles asistencia y apoyo en la tramitación de sus solicitudes de asistencia jurídica gratuita.
En el pliego de Condiciones de admisión del concurso se indica que “podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica …” La adjudicación se pretende para un período de un año, con posibilidad de prórrogas por un plazo máximo de 48 meses, no superando el plazo total del contrato, incluidas las eventuales prórrogas, el máximo de 5 años.
En el Informe de Necesidad, Idoneidad y Eficiencia del contrato de servicios que se saca a concurso público, se explica que este servicio se venía prestando desde 1989 en colaboración con el Colegio de Abogados, suspendiéndose temporalmente y reanudándose en 2017, materializándose dicha colaboración mediante la concesión anual de una subvención nominativa a dicho Colegio profesional consignada en los presupuestos municipales, y mediante la cesión de espacios físicos para la prestación del servicio, sin que conste motivación suficiente en el referido Informe respecto a las razones por las cuales se ha considerado necesario poner fin a dicho sistema de gestión pública del servicio por medio de una Corporación de Derecho Público cual es el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, sustituyéndolo por un sistema de gestión y prestación privada por medio de la empresa, Asociación o entidad que resulte adjudicataria del servicio.
Dijimos en 2009 y decimos ahora, diez años después, frente a este nuevo intento privatizador, exactamente lo mismo:
1º) La convocatoria es contraria a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que establece un principio de exclusividad a favor de los Colegios de Abogados, en tanto que Corporaciones de Derecho Público, de tal forma que con fondos públicos solo puedan prestar servicios jurídicos gratuitos, incluido el asesoramiento u orientación previa al proceso, dichas Corporaciones, y única y exclusivamente a favor de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, o a favor de aquellos colectivos a quienes, con independencia de su nivel de recursos, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita les reconozca el derecho.
2º) Sacar a concurso la prestación de un servicio público esencial, permitiendo que liciten “personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios”, conduce inexorablemente a la privatización y mercantilización de dicho servicio público, que hasta el momento ha venido siendo prestado exclusivamente por los Colegios de Abogados y Procuradores, como garantía de continuidad, objetividad, calidad y eficiencia del servicio. ¿Qué certidumbre tenemos de que este experimento mantenga esas garantías? ¿Qué ocurriría si el adjudicatario desistiera “a mitad de camino”, o si nadie concurriera en presentes o futuras convocatorias? Todo lo cual apunta a que se prioriza el abaratamiento del servicio, a costa de su más que probable precarización y pérdida de calidad y eficiencia, y pone de manifiesto el desconocimiento y desprecio que los partidos políticos muestran hacia la justicia gratuita y el turno de oficio, con independencia de cuál sea su ideología.
3º) Convocar el concurso dos días antes de las elecciones municipales, cuando el gobierno municipal se encontraba en funciones, no solamente sorprende, sino que plantea ciertas dudas en cuanto a su legalidad.
4º) Pretender que a dicho servicio tenga acceso toda la ciudadanía, con independencia de su nivel de recursos, es contrario a las leyes de competencia desleal y libre competencia, cuya unicas excepciones, en lo que al sector de la abogacía se refiere, son precisamente las previstas en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo Art. 6 incluye entre las diversas prestaciones que configuran el beneficio de justicia gratuita, precisamente, el asesoramiento u orientación previa al proceso, que tanto su Exposición de Motivos, como su Art. 22, encomiendan, en exclusiva, a los Colegios de Abogados. A tres días de que se cierre el plazo de licitación, exigimos al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid que se abstenga de participar en la misma, y que por el contrario, interponga de forma inmediata cuantas acciones legales procedan para anular la convocatoria del concurso, por no ser el mismo ajustado a Derecho. Exigimos, asimismo, al Excmo. Ayuntamiento de Madrid, la inmediata retirada del concurso, y a los diferentes partidos políticos, que se pronuncien públicamente acerca de si están o no de acuerdo con la privatización y mercantilización de este servicio público esencial. Independientemente de lo que haga el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nuestra Asociación no descarta el ejercicio de acciones de toda índole, tanto a nivel administrativo y judicial, como a nivel mediático y de movilización de la ciudadanía y del colectivo de abogados de Turno de Oficio.
LA JUNTA DIRECTIVA
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