Los nuevos baremos de justicia gratuita se aplican desde abril con la rebaja media del 5%. Extranjería (-44%) y Penitenciaria (-31%), las otras partidas más afectadas.

noticiasdenavarra.com 30.03.2012

El nuevo reglamento de justicia gratuita para los abogados del turno de oficio de Navarra empezará a aplicarse desde el domingo.

Las tarifas por cada servicio que ofrecen los letrados sufren una rebaja media del 5%, si bien existen algunos expedientes especialmente afectados como los relacionados con juicios rápidos (uno de los que más demanda tiene), que merman tanto en delitos (descienden un 22%, de 322 a 250 euros) como en faltas (bajan un 44,2%, de 170 a 100 euros). Especial rebaja sufren los baremos de los procedimientos de Ley de Extranjería con desestimación en vía administrativa (pasan de 180 a 100 euros, se reducen un 44,5%) y los de Vigilancia Penitenciaria con designación judicial, aquellos en los que el juez pide la intervención del letrado para presos que desean interponer quejas sobre sus ejecuciones. Estos últimos se rebajan de 145 a 100 euros, un 31,1% menos.

El primer borrador del Gobierno foral se ha visto atemperado por las alegaciones presentadas por los Colegios de Abogados, varias de ellas estimadas en el reglamento ya aprobado y que viene a sustituir la actual norma de Asistencia Jurídica Gratuita, que databa de 2007. Detrás de esta reforma no se halla sino la intención del Gobierno de rebajar el gasto de unas cuotas que cobran los más de 300 letrados adscritos al turno de oficio, una asistencia para personas sin recursos que sufraga el Ejecutivo y que ha visto incrementadas sus solicitudes «más de un 500%» en los últimos doce años. Tal aumento ha acarreado, según se expone en la exposición de motivos del nuevo reglamento, «una importante subida del gasto asociado a esta prestación, que resulta necesario reducir en la actual situación de contención».

El primer borrador con el que trabajaba Justicia introdujo algunas de las alegaciones que los colegios realizaron. Por ejemplo, se eliminó la disposición que contemplaba actualizar los honorarios según las retribuciones de los funcionarios, de forma que las cuotas seguirán revisándose en base al IPC, «sin perjuicio de una congelación si la situación económica así lo requiere». No obstante, la mayoría de los módulos de compensación económica por expediente tramitado se rebajan un 5%. Por ejemplo, una guardia de 24 horas pasa de pagarse 195 a 180 euros, y los procedimientos penales, que hasta ahora se pagaban de forma genérica a 431 euros, se pagarán a 400 si el caso es ante la Audiencia y a 300 si es ante un juzgado de lo Penal.

Blanca Ramos, presidenta de la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Pamplona, desglosa que el nuevo reglamento «ha estimado por lo general nuestras peticiones», pero reconoce que «las nuevas tarifas para juicios rápidos son muy bajas y no van a reconocer el trabajo que hace el abogado. Deberían tener un tratamiento retributivo mejor porque llevan una importante carga laboral», refiere sobre todo de los juicios rápidos por delitos, ya que dice que los de faltas «son una minoría». Además, destaca la reducción «sustancial» de lo que se cobrará en el procedimiento de Extranjería y «lo mismo ocurre con los expedientes de Vigilancia Penitenciaria», por tal motivo, le duele a Ramos que sean estos colectivos «con menos recursos los más afectados por los recortes. No estamos conformes del todo», concluye sobre las nuevas tarifas.

Sin embargo, no se le pasa por alto que en virtud del acuerdo existente entre el Gobierno foral y el Colegio de Abogados de Pamplona, la financiación con 155.000 euros de la asistencia letrada a presos y extranjeros se mantiene. Un tercio de esta cantidad en 2011 se destinó a trámites administrativos, asistencias y procedimientos de Extranjería, cuyo turno de guardia forman unos 40 letrados que realizan guardia las 24 horas de los 365 días del año.

En cuanto al resto de conceptos, «salimos bien parados, con el abono de algunos expedientes cuya tarifa incluso se incrementa», detalla Ramos, y en otros como los procedimientos de Familia o los ordinarios de Penal «mantenemos el tipo». Algunas compensaciones sí han sido revisadas al alza con respecto al primer texto que presentó el Gobierno. Un procedimiento de menores pasaba de 180 a 162 euros en el primer borrador, pero se ha incrementado hasta los 225 en la redacción final. En los asuntos de Familia también hay modificaciones. El expediente principal sube de 395 a 420 euros, pero bajan los relativos a las ejecuciones (157 euros y 224 en caso de que haya oposición), algo que los abogados reclamaban que subiera.

A última hora, el Ejecutivo ha tenido a bien introducir una modificación en su propuesta relativa a los juicios rápidos. Con la nueva norma no se diferencia entre aquellos asuntos que se resuelvan por conformidad y los que no lo hagan, algo que el Ejecutivo sí pretendía al comienzo de la elaboración de la ley. Los abogados se llevaron las manos a la cabeza con tal proposición, al entender que no se podía pagar más por un acuerdo (se propuso 250 euros) que por un caso que se resuelva en juicio (200 euros). «Parecía que desde el Gobierno se querían fomentar las conformidades, pero el abogado está solo para asesorar al cliente y es este el que decide si quiere el acuerdo o no. Creo que por eso el Gobierno ha entendido que era conveniente eliminar la distinción entre casos que llegan a acuerdo y los que se juzgan», recuerda Ramos.

Con los recortes, el Gobierno pretende también que no se demore el cobro de las asignaciones, que se lleva a cabo a trimestre vencido. En los últimos tres años se han venido produciendo retrasos en el cobro de los dos últimos trimestres debido al aumento de los asuntos, que han ido agotando las partidas anuales y repercutiendo sobre los presupuestos de ejercicios posteriores. De hecho, este año, a finales de enero se cobró el trimestre del turno de oficio de julio a septiembre del 2011. Para evitar que eso se vuelva a repetir, la partida destinada a justicia gratuita para el próximo año se verá incrementada desde los 2,3 millones de euros hasta los 2,9, subida con la que el Gobierno pretende ir equilibrando el pago del servicio y que no haya tanta demora en el pago.