Reivindicaciones

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I. REIVINDICACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

  1. Pago puntual de nuestra remuneración trimestral y abono de intereses de demora en caso contrario. El confirming está muy bien para quien quiera un anticipo de los haberes, pero es inadmisible que todos tengamos que hacer uso de él debido a los retrasos del Ministerio o de la Consejería de Justicia.
  2. Actualización anual de las tablas conforme al IPC. Las últimas entraron en vigor el 1 de enero de 2004, con lo cual este año ya estamos perdiendo poder adquisitivo.
  3. Sin perjuicio de exigir que todas las partidas suban de forma considerable hasta equiparse al menos a la mitad de los honorarios mínimos recomendados por el Colegio, proponemos el incremento inmediato de numerosas partidas que son escandalosamente bajas:
    • Guardias. Podemos estar de acuerdo en la remuneración actual, 180,30 euros, siempre que se considere que la guardia dura dos días y no uno. Es decir, debería pagarse el doble.
    • Informes de insostenibilidad. Desde el momento en que se nos exige un dictamen jurídicamente fundado hemos de hacer un esfuerzo por el que no resulta digno cobrar a 60,10 euros si paga la Consejería o a 30,05 euros, cuando paga el Ministerio. Debe abonarse, por lo menos, la mitad de lo que correspondiera al procedimiento.
    • Guardias ante la Audiencia Nacional. Por la naturaleza de los asuntos que allí se tramitan, estas guardias merecerían una remuneración sustancialmente mayor al resto. Son asistencias más complejas e incluso más peligrosas – pensemos en defensa de terroristas de ETA, de Al Quaeda, o, de narcotraficantes internacionales.
    • Macrojuicios de terrorismo, narcotráfico, etc. En consonancia con lo anterior debiera pagarse al menos el triple de lo que actualmente se paga (450 euros).
    • Recursos de casación y amparo. Actualmente pagan 260 euros. Por lo menos, debe pagarse el doble.

II. REIVINDICACIONES DE ORGANIZACIÓN O FUNCIONAMIENTO DEL TURNO.

  1. Regulación más clara y contundente de la petición de venias. Actualmente el art. 26.3 del Estatuto General de la Abogacía establece la obligación del abogado sustituto de “colaborar diligentemente en la gestión de su pago”.

    Pensamos que en la petición de venia al abogado que hasta ese momento haya intervenido de oficio, la norma debería prohibir la intervención del abogado particular hasta que no esté acreditado documentalmente que el que intervino por designación colegial ha percibido íntegramente los honorarios.

    La regulación actual da origen a situaciones desagradables entre compañeros, en las que el Colegio “ se lava las manos “, y mantiene como doctrina que la venia debe otorgarse en cualquier caso.

  2. Automaticidad del derecho a cobrar en caso de denegación del beneficio de la justicia gratuita.

    La Comisión de Justicia Gratuita debe notificar al abogado de oficio que se encuentre llevando un asunto la concesión o no del beneficio de justicia gratuita. Actualmente el Ministerio lo hace, pero la Consejería de la CAM no. Una vez firme esa resolución, las Normas Reguladoras del Turno de Oficio (las Normas, en lo sucesivo) deben dejar claro que el abogado puede requerir de pago al cliente sin necesidad de solicitar ninguna autorización al Colegio o a la Comisión.

  3. Automaticidad del derecho a cobrar al cliente en caso de que gane el pleito sin condena en costas al contrario y perciba alguna cantidad a resultas del juicio. Este supuesto regulado en el artículo 36.3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, está motivando en la práctica muchos problemas, pues el Colegio, con distintas variaciones, nunca ha admitido que el abogado pueda dirigirse directamente al cliente y pasarle la minuta por los servicios prestados. En el caso de detectar la conducta anteriormente descrita el Colegio ha castigado severamente la misma como falta grave con un mes y medio de suspensión en el ejercicio de la abogacía y exclusión del turno de oficio. Las últimas Normas, regulan esto en el artículo 27 y, aunque el Colegio ha rectificado en parte la regulación anterior de las Normas de Octubre de 2003, más restrictiva, sigue incluyendo algunos supuestos en los que no se puede cobrar, criterios fijados con una clara incompetencia, pues el Colegio está para organizar y gestionar el Turno de Oficio no para legislar.

    Por tanto, simplemente exigimos que se aplique el tenor literal del artículo 36.3 de la LAJG, sin que el Colegio tenga ninguna intervención en estos supuestos. Si el cliente estima que no tiene obligación de pagar deberá acudir a los Tribunales.

  4. Regulación clara del papel del Abogado de Oficio en cuanto a la concesión de la Justicia Gratuita y la investigación de los medios económicos del justiciable.

    El abogado de oficio en este punto se encuentra ante un verdadero dilema. Por un lado, su cliente le suministra información con carácter confidencial, amparada por el secreto profesional. Por otra parte, debe asesorar al cliente acerca de cómo debe rellenar el impreso y qué documentación debe aportar. Todo ello sin olvidar que al abogado no le es indiferente que el cliente obtenga o no el beneficio de justicia gratuita, pues si no lo obtiene existen posibilidades de cobrarle. Por el contrario, en la mayoría de los casos la mejor defensa del cliente hace aconsejable que obtenga el reconocimiento de la justicia gratuita, por ejemplo, en caso de serle impuesta una multa la cuantía del día cuota sería inferior.

    La regulación es confusa. El nuevo impreso de solicitud de asistencia jurídica gratuita de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 86/2003, de 19 de junio, ha introducido un recuadro en su página segunda en el que el abogado informa al justiciable de que la documentación es insuficiente y le concede un plazo de diez días para subsanar los defectos apreciados. Es decir, nos asignan una nueva obligación: supervisar la documentación aportada. Y nos conceden una nueva potestad: calificar la suficiencia o insuficiencia de la misma y requerir al ciudadano para que subsane, como si fuéramos un órgano administrativo. Esto contraviene lo dispuesto en el artículo 11 del indicado decreto que establece con claridad que son los Servicios de Orientación Jurídica quienes examinarán la documentación presentada y si apreciasen que esta es insuficiente o que en la solicitud existen deficiencias, el respectivo Colegio de Abogados concederá al solicitante un plazo de diez días para subsanar.

    La confusión es tal que en algunas ocasiones el Departamento del Turno de Oficio ha requerido al abogado para que aporte datos económicos de su cliente y en otras el Colegio ha calificado la misma conducta como infracción grave por vulnerar el secreto profesional.

    La propuesta es clara: el abogado no debe intervenir en absoluto en la tramitación de la concesión de la justicia gratuita, ni siquiera para recabar la firma del impreso, pues los intereses pueden ser totalmente contrapuestos. Todo deben hacerlo entre el SOJ y la comisión de asistencia jurídica y a nosotros comunicarnos exclusivamente si el derecho ha sido reconocido o no.

III. REIVINDICACIONES DE CARÁCTER POLÍTICO.

  1. La principal lucha debe ser porque se tenga en cuenta nuestra opinión en el Colegio, especialmente en la elaboración de las Normas del Turno de Oficio. Lo que no puede seguir sucediendo es que la Junta de Gobierno del ICAM, de la que podemos asegurar que ninguno de sus miembros pertenece al Turno, esté regulando una materia que conocen vagamente, por usar un término laxo. Cualquier Norma debe contar con un período de discusión y aportación de ideas por parte del colectivo de los abogados de oficio, permitiendo la introducción de enmiendas. No pueden ser fruto de una tramitación legislativa clandestina que termine en una pseudopublicación en el Otrosí dos meses después de haber entrado en vigor. Las últimas Normas, publicadas en la revista de febrero que fue distribuida a mediados de marzo de 2005, contienen una curiosa disposición final, que dice que “Las presentes Normas entraron en vigor el día 28 de enero de 2005 ”, contraviniendo elementales principios de publicidad de las normas y seguridad jurídica.
  2. Respeto a los derechos fundamentales en la tramitación de expedientes disciplinarios.

    Podemos afirmar sin riesgo de ser llamados exagerados que el procedimiento sancionador que sigue el ICAM es de los menos garantistas que existen. Hay constancia de que a muchos compañeros se les están imponiendo sanciones graves, que llevan aparajeda la exclusión del Turno, por conductas que no se encuentran tipificadas en ninguna norma como infracción. Y también nos consta que a esos mismos compañeros se les deniegan de forma sistemática las pruebas que solicitan en su descargo durante el procedimiento. Por poner un ejemplo, en supuestos de quejas de justiciables se desestima la petición de testifical de la persona que supuestamente puso la queja, alegando que es una prueba innecesaria. La Junta de Gobierno, quizá para dar buena imagen ante la opinión pública y también para mantenernos a todos sumisos y miedosos está imponiendo sanciones arbitrarias y desproporcionadas, en procedimientos sin garantías. Y decir que eso pasa, precisamente en el principal Colegio de Abogados de España es doloroso. Hay que acabar con esta situación y luchar por la creación de un organismo sancionador ad hoc, integrado no sólo por la Junta de Gobierno, sino también por abogados pertenencientes al Turno de Oficio.

IV. REIVINDICACIONES DE CARÁCTER SOCIAL.

  1. La desprotección en este punto es total. El abogado que cae enfermo y a consecuencia de su enfermedad no puede atender los asuntos del turno, pierde su derecho a cualquier remuneración. Debemos reivindicar nuestro derecho a prestaciones por incapacidad temporal o permanente que nos garanticen el percibo de las remuneraciones en estos supuestos. Especialmente sangrante es el supuesto de que la baja pudiera deberse a un accidente profesional, por ejemplo un golpe con el coche en el transcurso de una guardia o asistiendo a una vista de un asunto de oficio.
  2. Derecho a formación continua gratuita. Los cursos de reciclaje profesional destinados a letrados del turno debieran ser gratuitos.
  3. En el apartado de formación, debemos luchar por que los cursos de formación continua para los letrados del turno sean gratuitos.